Aunque legal y formalmente la actual etapa del proceso político de cara a las elecciones de 2024 está definido en el tiempo como periodo de la precampaña, en la práctica arrancó la campaña electoral para la batalla por el poder.
El inicio de la campaña electoral queda evidenciado en que los discursos de los precandidatos presidenciales no están dirigidos a lo interno, sino hacia sus adversarios de otros partidos. También en los mítines, caravanas y la propaganda en los espacios públicos de los aspirantes presidenciales y otros cargos congresuales y municipales que se definirán en en las elecciones de 2024.
El presidente Luis Abinader que debe ser sometido a unas primarias en su partido pautadas para el primero de octubre próximo, tiene un discurso de ataque hacia la oposición, especialmente enfocado en Leonel Fernández, precandidato de la Fuerza del Pueblo (FP).
A pesar de que las primarias del Partido Revolucionario Moderno (PRM) son cerradas, el discurso y los actos políticos del partido oficial no están dirigidos a su militancia, sino a todo el electorado.
El pasado fin de semana las confrontaciones entre ambos subieron de tono cuando el presidente Abinader afirmó que si el profesor Juan Bosch viviera “estuviera del lado de la transparencia y no de la oscuridad” a lo que Fernández respondió que si José Francisco Peña Gómez viviera estuviera al “lado de los pobres y no de algunos ricos”.
Abel Martínez, candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) también respondió la alusión que hizo Abinader a la figura de Bosch. El candidato del PLD también ha encabezado marchas para exigir la solución de problemas como la inseguridad ciudadana, el costo de la vida y la tanda de apagones.
La precampaña inició el 2 de julio luego de la proclama que emitió la Junta Central Electoral basada en el artículo 41 de la ley de Partidos Políticos.
Ante el desborde de las actividades proselitistas, la JCE emitió la resolución 53/23 que prohíbe las marchas, mítines y propagada en los espacios públicos. La decisión provocó el rechazo de las organizaciones políticas de oposición.
Luego de la resolución, la JCE hizo una cumbre con los partidos políticos para discutir el tema y se comprometió a revisar las sentencias que anulan los artículos de la ley 33/18 que prohiben actividades de campaña que entran en conflicto con derechos fundamentales como la libertad de reunión y de expresión.
Cuanto se gasta en la precampaña
La proclama de la JCE que dejó oficialmente abierta la precampaña establece los gastos estarán sujetos a los valores o montos establecidos en el artículo 42 de la ley 33-18, en función de los electores hábiles inscritos en el registro electoral al 21 de junio de 2023, ascendente a 8,075,316.
Contrario a lo que ocurrió en 2019, cuando todos los partidos escogieron todas las candidaturas en primarias, de cara al 2024, la mayoría optó por mecanismos más económicos como las encuestas y asambleas de delegados.
Los tres principales partidos, el PRM, PLD y FP, escogerán los cargos legislativos mediante encuestas y en algunas excepciones en asamblea de delegados. Solo el PRM escogerá la candidatura presidencial y dos alcaldías mediante primarias internas, lo que implica gastos menores que cuando se hacen primarias abiertas como fue el caso del PLD para las elecciones de 2020, que en las primarias de octubre de 2019 decidió votaciones generales.
Los topes de gastos para los cargos legislativos
Mientras, para la alcaldía, el tope de gasto es de RD$50 por cada inscrito en el padrón de electores a nivel municipal; a regiduría y vocalía RD$25, y a directores de distritos municipales RD$100. De esa forma, el monto tope de gasto a nivel nacional para los aspirantes a la Presidencia es de RD$565,272,120; a la senaduría del Distrito Nacional es de RD$55,005,360, y a la alcaldía RD$45,337,800. En tanto, los aspirantes a diputado en el Distrito Nacional podrán gastar hasta RD$21,121,260, en la primera circunscripción, RD$14,867,220, en la segunda, y RD$19,016,880, en la tercera. Los gastos máximos en las demás plazas varían en función del número de electores, las cuales se detallan en la resolución. Los gastos deben ser reportados a la JCE y deben identificarse las fuentes de financiamiento. La ley tipifica como recursos ilegales los que provienen de fuentes como actividades vinculadas al crimen organizado y los recursos del Estado en distintos aspectos.
Fuente:elCaribe
