El movimiento cívico Participación Ciudadana, responsabilizó al liderazgo del Partido Revolucionario Moderno de la aprobación de un Código Penal que, a su juicio, protege la corrupción estableciendo límites a su enjuiciamiento, vulnera derechos fundamentales de mujeres, niños y minorías.
La organización cívica indica que la dirección del partido de Gobierno no se puede escudar en el carácter corporativo del congreso para disminuir su responsabilidad en una legislación que de aprobarse llevaría el país a la norma de estados teocráticos que hoy en día son parias internacionales.
“Por esta razón hacemos un llamado al presidente de la Republica Luis Abinader a que cumpla con su palabra y ejerza su liderazgo en la bancada de su partido”, precisa la entidad.
El proyecto de Código Penal aprobado en el senado y aprobado ahora en primera lectura en la Cámara de diputados establece una prescripción de 20 años a los delitos de corrupción violando la norma constitucional y la jurisprudencia prevaleciente.
“La corrupción se ha convertido en un problema mayor en nuestro país, llevándose importantes recursos públicos que impiden atender adecuadamente la salud del pueblo dominicano, por lo que debería colocarse al lado de los crímenes de lesa humanidad y hacerse imprescriptible, lo que es permitido por el artículo 146 constitucional”, expresa el documento del Consejo Nacional de la organización.
“Los diputados acaban de aprobar un proyecto que en realidad esconde en su articulado disposiciones excluyentes, discriminatorias y obsoletas que en nada representa un estado social, democrático y de derecho”, enfatizó el Consejo Nacional.
Para Participación Ciudadana resulta absurdo que se argumente la necesidad de modernizar la norma penal, y al mismo tiempo se penaliza el aborto sin tomar en cuenta las tres excepciones que han sido acogidas en la mayor parte de los países del mundo; cuando la vida de la madre esté en peligro, cuando el embarazo haya sido el resultado de violación o incesto o cuando el embrión viene con malformación incompatible con la vida científicamente comprobada.
La organización asegura que el Estado está en la obligatoriedad de proteger la dignidad, integridad, libertad, seguridad personal, libre desarrollo de la personalidad a la mujer, y corresponde al Congreso Nacional sentar las bases para alcanzar tales fines. Pero que también hay que reconocer que se trata de un tema que afecta la salud y la vida sobre todo de las mujeres más desfavorecidas que están en una condición de total indefensión.
Hace tres años el proyecto de Código Penal aprobado en la Cámara de diputados obviaba derechos de las mujeres reconocidos en más de 190 países, ahora el proyecto aprobado en el senado violenta además los derechos de niños, niñas y adolescentes, lo que ha obligado a decenas de organizaciones nacionales e internacionales a dar un grito de alarma ante este retroceso institucional expresa el documento.
“Un segundo aspecto que en el concierto de naciones nos coloca como país en una situación vergonzosa es el artículo que penaliza la discriminación, y que originalmente incluía la penalización de la discriminación por género o por orientación sexual” señala.
“Es importante recordar que el artículo 39 de nuestra Constitución trata sobre el Derecho a la Igualdad y junto con el numeral 1 claramente indica que “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, reciben la misma protección y trato de las instituciones, autoridades y demás personas y gozan de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacionalidad, vínculos familiares, lengua, religión, opinión política o filosófica, condición social o personal. En consecuencia: 1) La República condena todo privilegio y situación que tienda a quebrantar la igualdad de las dominicanas y los dominicanos, entre quienes no deben existir otras diferencias que las que resulten de sus talentos o de sus virtudes”, advirtió el movimiento cívico.
