Un total de 52 oficinas de abogados que representan a imputados de delitos de criminalidad organizada han pactado acuerdos con el Ministerio Público para aceptar su culpabilidad, cuyos procesos han sido judicializados ante los tribunales.
A través de un comunicado de prensa, el Ministerio Público garantizó que en ninguno de esos acuerdos han participado personas que estén en su nómina.
Indicó que desde 2020 el Ministerio Público, que encabeza la procuradora general Miriam Germán Brito, ha sido extremadamente cuidadoso y transparente con los acuerdos, razón por la que todos se han llevado hasta los tribunales y en ningún caso se ha aceptado intermediario alguno.
“Cada abogado que ha firmado un acuerdo en representación de su asistido ha sido testigo de que se le advierte que el documento debe sustentarse sobre la verdad, ser voluntario y que no se lo debe a nadie, sino al resultado de una actitud de cooperación frente a la contundencia de las investigaciones y a la aplicación estricta de la norma procesal penal vigente”, señala el comunicado.
Indica que el Ministerio Público reconoció el derecho ciudadano de cuestionar las acciones de un órgano constitucional, un ejercicio válido y necesario en un Estado de derecho.
Sin embargo, el órgano persecutor calificó de deshonesto y poco profesional cuestionar al Ministerio Público, de manera deliberada y aviesamente, máxime cuando las mentiras quedan evidenciadas con solo leer las acusaciones, acuerdos y demás actuaciones procesales que ha depositado el Ministerio Público ante los tribunales.
“Es necesario que estén claros que por más campañas nacionales o internacionales que pongan en marcha, por más lobistas o voces afines que contraten, no vamos a detenernos ni a intimidarnos”, afirma el documento enviado a la prensa
