El uso irregular de los recursos públicos en favor del partido o bloque dominante es una práctica muy arraigada en la historia política dominicana, alcanzando niveles cada vez más escandalosos, durante los pasados gobiernos del PLD y en el actual. Que los programas públicos se utilizan deliberadamente con intenciones de influir sobre el electorado, se pone en evidencia solo con ver que se intensifican en la medida en que se acercan las elecciones.
A manera de ejemplo, en la partida destinada a “publicidad, impresión y encuadernación” en el 2021 se gastó la suma RD$3,621 millones, monto que se incrementó a RD$6,375 millones en el 2022 y RD$8,786 millones en el 2023. De todo lo gastado en dicho año, el 74% tuvo lugar en la segunda mitad. Se advierte que casi todo lo computado en esta partida, el 86 por ciento, corresponde a publicidad y propaganda.
Para este 2024 el presupuesto consigna RD$8,163 millones destinados a “publicidad, impresión y encuadernación”, de los cuales en los primeros tres meses y 12 días ya se gastaron 2,790 millones de pesos, particularmente en los meses de febrero y marzo, cuando se intensificó.
De esta manera, en el segundo semestre del año pasado, cuando las elecciones estaban más cerca, se gastó casi el triple que en el primero, y en lo que va del 2024 seis veces más que en igual período del año anterior.
La publicidad oficial suele incluir, de forma velada o expresa, informaciones sobre supuestos “logros gubernamentales” que no son otra cosa que propaganda electoral, incluso utilizando expresamente cifras tendentes a abultar los éxitos, expuestos en páginas de periódicos y espacios en los medios audiovisuales y plataformas.
No es que no se hiciera en los pasados gobiernos, e incluso a veces más en términos relativos, sino que lo esperable por parte de la ciudadanía es que las prácticas incorrectas sean corregidas en vez de replicadas igual o peor.
Insistimos en que los datos expuestos provienen de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central, por lo que no se incluyen los montos dispuestos a este fin por las instituciones autónomas, los ayuntamientos, los bancos del Estado y los fideicomisos públicos, que también incluyen habitualmente la contratación de publicidad. Es decir, probablemente el presupuesto asignado a este fin es mucho mayor.
Otra práctica histórica que también persiste es aprovechar con fines electorales diversos programas públicos, principalmente en los de bienestar social, a pesar de algunos intentos legales o de las autoridades electorales. Sin embargo, resulta difícil extraer conclusiones en base a las estadísticas disponibles, debido a que dicho uso queda englobado dentro de grandes partidas de gastos que incluyen programas legítimos del Estado, como inversiones públicas, programas sociales y subsidios gubernamentales, pero que son utilizados habitualmente como medios para favorecer adeptos o promocionar candidatos oficiales.
Particularmente destaca la partida destinada a “ayudas y donaciones a personas”, que, si bien se refiere a programas legítimos que ayudan a combatir la pobreza, también se usan habitualmente de manera selectiva para favorecer políticamente al gobierno de turno. En la misma se gastaron 52,000 millones de pesos en el pasado año 2023 y 11,594 millones en los primeros dos meses de este año, registrándose un incremento de 20% respecto a enero-febrero del 2023.
