Santo Domingo, 22 sep (EFE).- Amnistía Internacional (AI) llamó este viernes a las autoridades de la República Dominicana a «poner fin» al «trato racista» contra descendientes de haitianos, en ocasión del décimo aniversario de una polémica sentencia que decidió que los hijos de los extranjeros indocumentados no son dominicanos.
La República Dominicana, que comparte con Haití la isla La Española, «debe poner fin al racismo estructural que afecta de manera desproporcionada a decenas de miles personas con ascendencia haitiana y que han sido afectadas por la política racista y discriminatoria que históricamente ha implementado el Estado dominicano hacia esta población», afirmó AI en un comunicado.
«Al cumplir una década de esta sentencia absolutamente regresiva, las autoridades dominicanas apenas han tomado medidas para revertir sus efectos nocivos y reconocer los derechos de los miles de personas afectadas», denunció el organismo internacional.
Las autoridades «no han desmantelado el sistema de racismo estructural ni la política de desnacionalización que afecta a las personas dominicanas de ascendencia haitiana», dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
De acuerdo con la organización, el país caribeño «ha mantenido una política de negación del derecho a la nacionalidad de las personas con ascendencia haitiana» y el Estado «ha utilizado un discurso estigmatizante, prácticas burocráticas, cambios legales, decisiones judiciales y la fuerza pública para perseguir, amedrentar y expulsar» a los haitianos y personas de ascendencia haitiana.
«Negar un derecho fundamental, como es la nacionalidad, es hacerse cómplice de la explotación sexual, laboral, trata de persona y el tráfico ilícito, violando con esto las libertades personales y fomentando la pobreza extrema nacional», dijo en la nota Maria Bizenny Martinez, coordinadora del departamento de derechos humanos, Movimiento Socio-Cultural de los Trabajadores Haitianos.
Por ello, Amnistía Internacional reiteró su llamado al Estado dominicano a restablecer la nacionalidad dominicana de todas las personas nacidas en este territorio antes del 26 de enero de 2010, cuando entró en vigor la nueva Constitucional que niega la nacionalidad automática a aquellas personas nacidas en República Dominicana y cuyos progenitores sean migrantes indocumentados.
